El Consejo de Igualdad de Errenteria se ha sumado al manifiesto suscrito por cerca de medio centenar de organizaciones feministas para mostrar su rechazo al Anteproyecto de Ley de Prevención de la Violencia Machista contra las Mujeres y de Atención y Recuperación Integral de sus Víctimas, impulsado por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Según recoge el manifiesto, presentado el pasado viernes en Bilbao, el anteproyecto de ley «se ha tramitado sin publicidad suficiente, sin debate ni participación ciudadana, ya que sólo ha cumplido estrictamente con el mínimo periodo de información pública legalmente exigido, dificultando − si no imposibilitando − que se haya podido conocer y discutir por parte de las organizaciones feministas y otros agentes sociales».

Las organizaciones detractoras de la medida del ejecutivo vasco argumentan que el anteproyecto de ley separa las políticas de igualdad de las políticas para hacer frente a la violencia machista, algo que consideran una «metedura de pata grave».

A su juicio, es un error dejar toda la responsabilidad para poner en marcha medidas e iniciativas contra la violencia machista en el Departamento de Interior, ya que ello propicia la «policialización» del problema. Consideran que la problemática y sus consecuencias han de ser abordadas desde un punto de vista más amplio y con la participación de las propias organizaciones feministas.

El manifiesto recoge que «el planteamiento recogido en el texto del anteproyecto refleja un excesivo proteccionismo y paternalismo para con las mujeres, nada gratuito, que redunda en más victimismo e incluso en mayor inseguridad. También debilita la capacidad de las mujeres para demandar medidas y servicios que les permita salir de la situación de violencia y desarrollar su proyecto de vida. Esto último es especialmente claro (y preocupante) en el caso de las jóvenes o las inmigrantes irregulares».

Para terminar, critican que este anteproyecto de ley no sirve para aumentar los derechos de las mujeres víctimas de la violencia y que tampoco contempla la puesta en marcha de nuevos servicios o recursos.

Por todo esto, las organizaciones y los agentes sociales promotores del manifiesto han exigido al Gobierno Vasco que dé a conocer la situación actual del anteproyecto y del proceso de alegaciones, pero también su paralización inmediata. Asimismo, han reclamado que se impulse urgentemente un debate público sobre cómo abordar la violencia contra las mujeres.