El pasado 30 de noviembre conocimos que el dato de inflación se sitúa en un 2,9%. Con este dato se suben normalmente las pensiones, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Pero este año no será así debido a la decisión del Gobierno central de no revalorizar las pensiones conforme a la desviación de precios de 2012.

Por un lado el Gobierno suspende el abono de la paga compensatoria, que es la paga que se cobra normalmente a finales de enero, por la que de una única vez se abona a los pensionistas la diferencia entre lo que subieron sus pensiones a comienzos de año (en este caso, el 1%) y lo que han subido los precios (el 2,9%). Y, as mismo, el Gobierno sube las pensiones en 2013, pero menos de lo que suben los precios las pensiones de menos de 1.000 euros al mes subirán un 2%, y el resto un 1%, lejos, en cualquier caso, de la subida del coste de la vida: 2,9%.

Esta decisión del Gobierno de Mariano Rajoy implica que todos los pensionistas, entre ellos los vascos, van a ver reducida de forma intolerable su capacidad de renta y, por consiguiente, su calidad de vida.

A nuestro juicio, esta medida, tomada con un especial secretismo con la clara intención de ocultar al electorado que no se iban a actualizar las pensiones, unida a la subida del IVA y otros impuestos, se plantea como una agresión sin precedentes a las personas mayores y pensionistas, que requiere de una respuesta por parte de este Ayuntamiento.

Existen importantes dudas jurídicas sobre la constitucionalidad de esa decisión, en tanto que el artículo 9.3 de la Constitución garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales» y quitar a los pensionistas esta paga compensatoria es despojarles de un derecho que han ido consolidando mes a mes durante todo el año 2012 y supone vulnerar lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que garantizaban la percepción de la misma.

Por todo ello, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Errenteria aprueba, con la excepción del portavoz del Partido Popular, la siguiente Declaración Institucional:

1.- El Ayuntamiento rechaza la decisión del Gobierno Central de no revalorizar las pensiones conforme a la desviación de precios de 2012, as como la suspensión del abono de la paga compensatoria, sin tener en cuenta la especial vulnerabilidad de las personas afectadas por este nuevo recorte del Gobierno Central.

2.- El Ayuntamiento insta a los legitimados en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y especialmente a los diputados y senadores elegidos por las tres circunscripciones de la CAPV, y a la Defensora del Pueblo a ejercer el recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.